Perú en una encrucijada

La inseguridad ciudadana es uno de los más graves problemas del Perú, junto al desempleo, la pobreza y la corrupción. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre los años 2021 y 2023, la cifra de peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo de cualquier tipo pasó de ser 18.2 % (2021) a 27.1 % (2023). Es decir, cerca de 9 millones de peruanos sufrió un asalto, robo, extorsión o algún otro delito. El asunto ya era alarmante, pero en el presente año la situación se ha tornado insostenible.

Por: Gerardo Porras
Corresponsal en Lima - Perú

Ese ya difícil panorama ha escalado en el 2024 a niveles dramáticos y pavorosos con la incidencia de los casos de extorsión y sicariato. El cobro de cupos, mecanismo utilizado por los extorsionadores, no solo causa angustia, dolor y muerte, sino también la quiebra de negocios, desde pequeñas bodegas hasta grandes empresas, que muchas veces se ven en la obligación de pagar tarifas semanales o mensuales, lo cual va exprimiendo sus presupuestos.

Miles de tiendas, panaderías, restaurantes, pollerías, boticas, peluquerías y otros negocios han tenido que cerrar sus puertas porque ya no podían sostenerse debido al pago que tenían que hacer a los extorsionadores.

16 mil denuncias

En lo que va del 2024, según cifras de la Policía Nacional, en el Perú se han presentado cerca de 16,000 denuncias por extorsión, sin considerar las no reportadas por temor, pues las bandas criminales dedicadas a este delito utilizan sicarios para amedrentar o asesinar a sus víctimas. Ya en el 2023, las denuncias por extorsión se habían elevado en 390 %, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Es decir, casi cuatriplicado.

Pese a la gravedad del problema, la situación era más o menos llevadera para el Gobierno actual, que en poco más de un año ya ha tenido seis ministros del Interior, los cuales han hecho poco o nada para combatir con eficiencia al
crimen organizado, representado por bandas peruanas como “Los Malditos de Bayóvar” y “Los Pulpos”, o extranjeras, como el “Tren de Aragua”, “Los Tiguerones” y “Cota 905”.

Transporte urbano

Sin embargo, la extorsión y sicariato se ensañaron con un sector fundamental como es el transporte urbano. Choferes de ómnibus de varias empresas, cobradores, las propias unidades y hasta sus locales o terminales empezaron a ser atacados a balazos por los extorsionadores en una vorágine de violencia que ha dejado ya varios muertos, entre los cuales incluso se cuentan pasajeros alcanzados por las balas.

Al no poder continuar con su trabajo sin poner en riesgo sus vidas, los transportistas, agrupados en diferentes gremios, según las rutas y cobertura distrital de cada línea, se vieron en la necesidad de protestar a través de huelgas y manifestaciones, que paralizaron gran parte de Lima.

Crimen organizado

Los transportistas exigen, principalmente, la derogatoria o modificación de la ley contra el crimen organizado, recientemente aprobada por el Congreso de la República y que, según diversos especialistas, favorece a los delincuentes porque, por ejemplo, presenta un concepto “antojadizo” de organización criminal y establece que los allanamientos judiciales se hagan con la presencia del investigado y sus abogados, lo cual elimina el carácter sorpresivo que debe tener ese tipo de medidas para evitar que los investigados se desaparezcan o eliminen evidencias.

Esta norma parece no solo favorecer a los delincuentes comunes, sino también a los políticos corruptos. Esa sería la razón por la que los congresistas la defienden a capa y espada. Lógicamente, la huelga de transportistas impidió el funcionamiento de negocios, obligó a la suspensión de clases presenciales en los colegios y puso sobre el tapete la situación de los transportistas acosados por los extorsionadores. El Poder Ejecutivo y el Congreso tratan de hallar una solución, pero la situación se ha entrampado y no tiene visos de solución.