Cárceles para inmigrantes en España

Actualmente el Estado español mantienen en pleno funcionamiento siete Centros de Internamiento de Extranjeros – CIE. En estos sitios son encerradas personas por el simple hecho de cometer una falta administrativa, no tener papeles.

Texto y fotos: Juan Carlos Saire Arenas

Según el informe Muteado, elaborado por el Servicio Jesuita Migrante SJM, dentro de los CIE se comenten “vulneraciones de derechos humanos”, y además las y los internos no cuentan con soporte legal adecuado para sus casos. Debido a la opacidad de estos lugares, que además no se encuentran dentro del ojo político, el sufrimiento que se vive dentro, denuncian, es “silencioso”.

“En los últimos 15 años el SJM viene constatando que, desde 1985, los CIE se encuentran entre las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española y europea, aunque no sea la más utilizada”, refieren.

Detenciones

Los controles racistas han ido en aumento dentro del Estado español. Un informe de Amnistía Internacional publicado en diciembre de 2024, señala que las “actuaciones policiales basadas en criterios raciales, siguen siendo una práctica común y perjudicial para las personas migrantes y racializadas”.

Estos controles ya no suceden únicamente en los aeropuertos, ahora las personas pueden ser detenidas en la calle cuando se sale a hacer algún trámite o en otras situaciones. “Las personas que no son blancas son constantemente paradas e identificadas por lo que son, y no tanto por lo que hacen”, subrayan.

Estas detenciones terminan en muchos casos en los CIE con el propósito de identificación y expulsión del territorio. Otras veces las personas migrantes, incluidas las solicitantes de asilo, pueden ser detenidas con el propósito de “ser transferidas a otro estado europeo, en aplicación de acuerdos bilaterales. En definitiva a las
personas se les encierra contra su voluntad, a pesar de que no hubieran cometido ningún delito”, dicen desde SJM.

Y aunque existen múltiples denuncias por las violaciones de derechos humanos dentro de estos espacios, como las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (19 de diciembre de 2011), la de Idrissa Diallo (06 de enero de 2012) y Aramis Manukyan (03 de diciembre de 2013), ambos en el CIE de Zona Franca de Barcelona, las instituciones del Estado no hacen nada para abordar la situación.

“En el caso del Ministro del Interior, quien ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de estos controles racistas, pero también lo ha hecho el director general de la Policía Nacional y, recientemente, el director general de los Mossos d’Esquadra quien defendió que el sesgo racial no solo no se da en las identificaciones, sino que “tampoco en las detenciones, ni en el comportamiento, ni en nada porque el cuerpo es una policía democrática”, señalan desde Amnistía Internacional.

Entre algunas de las soluciones que van más allá de las políticas de Estado y que impulsa la sociedad civil, están las de prohibir de forma explícita, por ley, el uso de perfiles raciales, recogiendo una definición clara que la señale como forma de discriminación racial en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase avanzada en su proceso de reforma; establecer cauces efectivos de denuncia para que quienes sufran discriminación racial policial puedan denunciar; y crear un mecanismo externo, público e independiente de supervisión y evaluación de las actuaciones policiales, indispensables para combatir estas prácticas, apuntan desde Amnistía.

El 29 de diciembre diversos colectivos que luchan por los Derechos Humanos salieron a las calles de Madrid para exigir el cierre de los CIE a los que calificaron de “otro ejemplo más de la respuesta democrática y legitimada por el estado de derecho, de una gestión necesaria y regulada de los flujos de mano de obra que los empresarios de los países receptores necesitan”.

La manifestación, que se inició en Plaza Elíptica, terminó en el CIE de Aluche, donde quisieron hacer llegar su voz de apoyo a las personas encerradas dentro de esa cárcel para inmigrantes que el Gobierno, que se autocalifica del más progresista, mantiene en pleno funcionamiento.